El agua es vida; en El Salvador mercancía
Organizaciones piden agilidad a la Asamblea en la aprobación de una ley que regule el uso y el acceso al agua desde una perspectiva de derecho humano
Por Fernando de Dios
Foto: Luis Velásquez
SAN SALVADOR – Desde 2006 existe en la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley General de Agua presentada por las organizaciones sociales que conforman el Foro Nacional del Agua.
En el marco de la celebración del Día Interamericano del Agua, estas y otras entidades recorrieron parte de la capital en una marcha que terminó con la presentación de una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa, con la petición de que se agilice la aprobación de esa ley.
Ésta fue recibida por diputados de los grupos parlamentarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y de Gran Alianza por la Unidad Nacional.
El debate en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que había registrado pocos avances, se paralizó por completo ante el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) del inicio de una ronda de consultas para hacer una nueva propuesta de ley.
Esa normativa debería hacer algo tan esencial como garantizar que el acceso humano a un agua potable de calidad y a un saneamiento correcto, algo que está reconocido por la ONU como un derecho humano, pero que no está consignado en un andamiaje jurídico en El Salvador, por mucho que le obliguen los tratados internacionales.
En el país no existe nada parecido a una regulación de uso del agua. Está por todo por hacer; desde la citada Ley General de Agua hasta la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, pasando por las políticas nacionales para ambos aspectos o un análisis serio de los sistemas de prestación de servicios de agua potable y saneamiento.
En este último sentido, hace diez años se aplicó un modelo descentralizador que supuso en la práctica la privatización de la prestación del servicio con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la actualidad existen 23 empresas concesionarias y el desorden es tal que incluso compiten en algunos aspectos con el organismo público que les otorgó la concesión para operar, es decir, la Administración Nacional de Aguas y Alcantarillados (ANDA).
Pero aparte de estas cuestiones, el hecho simple y evidente es que hoy en El Salvador, no tener una regulación sobre el recurso hídrico supone que en muchos casos está por delante el interés económico que el derecho humano de acceso al agua potable y el saneamiento.
Amenaza sin control (por el momento)
La actividad empresarial, en muchos casos, es perjudicial para el acceso al agua potable de la población. Unas contaminan y otras directamente se llevan el agua potable para comercializarla o para fabricar bebidas con mucho azúcar o de otro tipo. Estas últimas gozan además de tarifas muy beneficiosas por parte de ANDA.
Por otra parte, los agronegocios, las grandes plantaciones, en El Salvador sobre todo de caña de azúcar, propician la utilización de plaguicidas químicos cuyos efectos sobre el agua no están controlados.
En Berlín, municipio de Usulután, se conjugan estas tres amenazas. Tal y como cuenta Gregorio Flores, habitante del lugar y miembro de distintas organizaciones sociales de defensa del derecho al acceso al agua, mientras los ríos, incluido el Lempa, se han convertido en “quebradas de invierno” por la sobreexplotación y el cambio climático, la actividad industrial contamina y roba el agua a la población.
Flores explica que en la zona alta de Berlín, muy deforestada, opera además una empresa de energía geotérmica que utiliza químicos tóxicos que contaminan el agua lluvia que desde ahí fluye hacia las zonas bajas.
Esas zonas bajas de ribera del Lempa, hoy cañales y antaño algodonales, fueron fumigadas hace 20 años con plaguicidas químicos cuya acción tóxica dura aun y que ha propiciado diversos estudios de las aguas de la zona por parte del MARN y la ANDA.
Por último, según relata Flores, una de las fuentes de agua potable del municipio está siendo explotada por una empresa embotelladora de agua que se la lleva para venderla.
Flores añade a estas cuestiones la escasez cada vez mayor de agua que están notando los pobladores de las comunidades aledañas a los ríos.
“El problema es que el agua está escaseando, además de estar contaminada, está escaseando. Hay ríos que antes eran grandes ríos que ahora son quebraditas de invierno”, afirma.
“En las comunidades, que es la base, que es la gente que necesita el recurso, porque saben que la vida es el agua, que si no hay agua no hay vida (…) la gente sí está preocupada” concluye.
La situación de reducción de caudales de ríos en el país comienza a ser alarmante. Según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), en 2009 los principales ríos del país arrastraron de media un 39 por ciento menos de agua que la media histórica.
La tendencia sigue, agravada por la deforestación y el mal uso del suelo y por los cambios de patrón de precipitaciones que cada vez se acentúan más debido al cambio climático, que propicia precipitaciones más torrenciales e irregulares.
El otro polo de preocupación es que, según datos oficiales, todas las aguas en El Salvador tienen algún nivel de contaminación. El 65 por ciento de los ríos tiene una calidad de agua regular y el 33 por ciento varía entre mala y pésima.
Modelos alternativos de gestión
Ante la constatación de que este modelo liberalizado no funciona y que, aparte de hacer leyes, es necesario descentralizar de otra manera, la pasada semana se celebraba en San Salvador un foro organizado por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) en el que se analizaban modelos de cooperación ciudadana para gestionar el agua.
En concreto, se hizo hincapié en el modelo de asocio público-público y público-comunitario, que ya está funcionando con éxito en países como Uruguay, Ecuador, Bolivia o Argentina.
El modelo de asocio público-público consiste básicamente en acuerdos entre organismos públicos que garanticen la mejora de la gestión del agua y eviten su privatización. En el caso de El Salvador, por ejemplo, la ANDA y los municipios tendrían mucho que decir en este modelo.
Además, siempre que no haya afán de lucro, se pueden incluir en estos procesos otros actores, como organizaciones no gubernamentales, universidades públicas, juntas de agua o asociaciones de desarrollo comunal.
En este caso se llegaría al modelo de asocio público-comunitario, en el que entraría en juego directamente la comunidad, suscribiendo acuerdos con municipios y empresas públicas para la gestión del agua de la forma más centralizada posible.
Además de ejemplos de estos modelos desarrollados en Uruguay, Argentina o Ecuador, también se conocieron otros ejemplos de gestión comunitaria del agua que están en marcha en El Salvador con éxito considerable.
Por ejemplo, el de Las Siete Comunidades de Tacuba, que funciona desde hace 16 años en este municipio de Ahuachapán, dando cobertura a más de 1.000 familias.
La red de distribución fue construida por los habitantes de las comunidades, sin apoyo del gobierno central ni del municipal y ha sido gestionada por ellos desde 1995, con cooperación técnica y financiera de organizaciones no gubernamentales y explotando un cafetal en el terreno donde está la fuente, que es de propiedad comunal.
Además, esas comunidades han llevado una lucha legal todos estos años contra el propio municipio, que se apropió de la gestión del agua y malversó los fondos. Pero desde 2007 retomaron el control de hecho y suministran a las familias, que pagan dos dólares al mes por el agua.
“Bebemos agua del chorro. Gaste lo que gaste, dos dólares pagan todas las familias”, afirma David Díaz, integrante de la directiva del Sistema de Agua de las Siete Comunidades de Tacuba.
Ahora están buscando que ANDA les dé la capacitación técnica para tratar el agua con cloro de forma totalmente adecuada y para solucionar el saneamiento de las aguas negras.
Esta iniciativa no es única, pues en el departamento de Chalatenango, 15 municipios y sus respectivas comunidades cooperan en la gestión integral del agua, en lo que sería un modelo de asocio público-público que ha llegado incluso a cooperar con municipios del otro lado de la frontera con Honduras.
En ese foro, en el que había una nutrida representación comunitaria llegada de todo el país, además de exponer experiencias exitosas, demandaron que estos modelos se regulen y se incluyan en la ley, garantizando su continuidad y la participación de las comunidades en la toma de decisiones.
La organización comunitaria es considerable, y además de las juntas de agua, existe una Red Salvadoreña para la Defensa del Recurso Hídrico y el Medio Ambiente.
Apoyadas en estas experiencias y en esta organización, demandan protagonismo en la gestión del agua con la premisa de que el acceso a la misma es un derecho y no un negocio.
“Vemos que la capacidad la tiene la población, y nadie mejor que la población organizada puede hacerlo”, sentenció Gregorio Flores.
Martes, 04 de Octubre de 2011 / 14:02 h
Comunidades urgen a Asamblea Legislativa aprobar Ley General de Agua
Diferentes comunidades del país marchan para pedir a los diputados la aprobación de la Ley General del Agua.
Geovani Montalvo
Redacción Diario Co Latino
“Mientras unos tienen agua para derrocharla, otras comunidades nos morimos de sed”, denuncia Alma Orellana, proveniente de Berlín, Usulután, mientras sostiene un cartel que dice: Exigimos la Ley General de Agua.
Orellana es una de las cientos de personas que marcharon esta mañana, desde el monumento del Salvador del Mundo hacia la Asamblea Legislativa, para exigir, en el Día Interamericano del Agua, la aprobación de una ley que se encuentra rezagada desde 2006.
“Como comunidades miembras de la coordinadora para la defensa de la subcuenca del río San Simón y la red ambientalista en acción de la zona oriental, estamos demandando que se apruebe el anteproyecto de Ley General de Agua”, insistió.
El río San Simón es la principal fuente de abastecimiento del recurso para siete municipios de Usulután, pero paradójicamente las comunidades no gozan de este derecho humano.
Carlos Flores, representante del Foro Nacional del Agua, comentó que cada vez El Salvador tiene menos agua limpia y recordó que, según organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estamos al borde del estrés hídrico.
No obstante, el Tribunal Latinoamericano del Agua advirtió, en 2009, que El Salvador ya está en alerta máxima por sufrir estrés hídrico, lo que significa que la disponibilidad de agua per cápita –por persona– al año es menor a los 1,750 metros cúbicos, con peligro de desatarse una crisis nacional de agua de gran magnitud.
En este sentido, las comunidades que participaron en la marcha denominada: Por la Sustentabilidad y el Derecho al Agua, demandaron que la mencionada Ley sea retomada en el congreso legislativo para su pronta aprobación.
“Pero también estamos demandando que en la Ley que se está promoviendo del Asocio Público Privado, no se toque el agua por ser un derecho humano inalienable”, indicó Graciela Colunga, del Foro del Agua.
“Entonces, estamos proponiendo que en el tema del agua, el asocio público-público y público-comunitario sea el que prime y no la mercantilización del agua”, añadió.
De acuerdo a Anaella Gómez, de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA), el país necesita un marco legal del agua y llegó el momento para que los diputados y diputadas se compromentan con la gente.
En el caso particular de la Cordillera del Bálsamo, planteó que la región “está enfrentando una de sus peores crisis: los proyectos de ampliación urbanística están impactando fuertemente sobre los mantos acuíferos y el uso del agua, por parte de las comunidades, es cada vez más restrictivo”.
